Se ha permitido descubrir la percepción indebida por parte de 285 extracomunitarios de la renta de ciudadanía, por un importe de más de 2,3 millones de euros, la investigación del núcleo de policía económico financiera de la Guardia de Finanza de Nápoles, que coordinado por la Fiscalía partenopea (fiscal Luigi Landolfi) hoy ha notificado seis arrestos - cuatro en prisión y dos en arresto domiciliario - a igual número de presuntos miembros de una asociación delictiva con base en la capital partenopea. Los delitos imputados son, en diversos grados, los delitos de asociación para delinquir, fraude agravado para la obtención de subvenciones públicas, usura, extorsión, actividad financiera ilegal y blanqueo de capitales.
Las personas que se beneficiaban de la renta habrían declarado falsamente que residían en Italia desde hace al menos 10 años. Realizaban compras simuladas de alimentos con las tarjetas Postepay y luego se hacían reembolsar el dinero pagado en efectivo: a la banda de estafadores le correspondía una cuota variable entre el 10 y el 20 por ciento. El mecanismo preveía el uso de facturas falsas emitidas por una empresa en realidad no operativa. Los ingresos de estos delitos, luego fueron utilizados para la compra de propiedades para poner a nombre de sus respectivas esposas.
También habrían prestado dinero a un tipo de interés usurario que variaba del 30% a más del 800% las personas arrestadas hoy por el núcleo. Las víctimas de usura - se ha descubierto - son 15, todas en graves dificultades financieras, amenazadas y agredidas cuando no respetaban los plazos de pago. Los agentes han realizado registros y han confiscado notas manuscritas, dinero en efectivo por unos 92 mil euros, así como cheques bancarios y títulos cambiarios por un total de unos 158 mil euros. También se ha realizado la confiscación preventiva de activos financieros y de bienes muebles e inmuebles por un importe total de unos 90 mil euros.
Durante las investigaciones ya se habían confiscado el capital social completo y el complejo empresarial de las empresas de los acusados.