Están acusados de formar parte de una asociación delictiva destinada a la comisión de robos agravados y receptación. Personal de la Policía de Estado ha ejecutado una orden de aplicación de medidas cautelares emitidas por el juez de instrucción de Nápoles, a petición de la Fiscalía de la República de Nápoles, contra diez personas.
A las medidas restrictivas (nueve órdenes de prisión preventiva y una de obligación de presentación ante la policía judicial) se ha llegado tras las investigaciones derivadas de la detención, el 27 de abril de 2020, de cuatro personas de etnia gitana consideradas responsables de la muerte del agente seleccionado de la Policía de Estado Pasquale Apicella, fallecido a consecuencia del violento impacto con un vehículo robado en el que viajaban los cuatro durante una persecución.
A raíz del desarrollo de las investigaciones, conducidas por los agentes de la brigada móvil de Nápoles y del departamento de la Policía de carreteras para la Campania y Basilicata, relativas a dicho homicidio, se ha reconstruido la existencia y operatividad de una organización criminal, compuesta principalmente por personas de etnia gitana residentes en el campo de nómadas «Ponte Riccio» en Giugliano en Campania, acusadas de robos cometidos en autos estacionados en centros comerciales y estaciones de servicio en las provincias de Nápoles y Caserta.
De las investigaciones ha surgido una rígida distribución de roles entre los miembros de la organización: en concreto, además de aquellos que cometían materialmente los robos, había otros encargados de realizar reconocimientos en las áreas identificadas, otros que se ocupaban de la obtención de los vehículos a utilizar en ocasión de los actos criminales, así como del potenciamiento de los respectivos motores; otros más que se ocupaban de las actividades de receptación posteriores.