Cinco personas, pertenecientes a la asociación subversiva de extrema derecha «Orden de Hagal», desde 2019 en el centro de una investigación de la fiscalía de Nápoles, han sido sujetas a medidas de vigilancia especial y obligación de residencia en sus municipios, emitidas por la sección de medidas preventivas del tribunal de Nápoles, por períodos variables de tres años a tres años y medio.
El grupo criminal - que tenía su base operativa en San Nicola la Strada, pero era activo principalmente en la provincia de Nápoles - fue decapitado por un operativo realizado en noviembre de 2022 con el arresto de las figuras líderes. Según lo revelado por las investigaciones, la «Orden de Hagal» era una asociación terrorista neonazi, supremacista y negacionista cuyos miembros, en Telegram, se declaraban listos para una acción militar con armas y explosivos contra un cuartel de carabineros en la provincia de Nápoles y también contra objetivos civiles, como un centro comercial.
La asociación tenía como objetivo promover un «nuevo orden mundial», inspirándose en los escritos del jerarca nazi Goebbels. Algunos miembros, según las investigaciones, se habrían trasladado al extranjero para entrenarse en combate cuerpo a cuerpo y en el uso de armas.
Las medidas restrictivas afectaron a cuatro italianos y un ucraniano - inubicable y considerado fugitivo - los cinco sujetos a medidas preventivas emitidas a petición de la comisaría de Nápoles por la sección de medidas preventivas del Tribunal de Nápoles contra igual número de miembros de la asociación subversiva de extrema derecha 'Orden de Hagal'. Los destinatarios de las medidas son Maurizio Ammendola, de 44 años, presidente de la asociación bajo investigación; Michele Rinaldi (48) vicepresidente; Massimiliano Mariano (47) encargado del adoctrinamiento; Gianpiero Testa (26) dedicado a reclutar prosélitos y a organizar excursiones y reuniones y el ucraniano de Termopil Anton Radomsky (27), fugitivo.
Finalmente, no se tomó ninguna medida contra otro investigado italiano, cuya situación se consideró menos grave. Solo para Mariano se dispuso una medida restrictiva de tres años, mientras que para los demás la duración de la medida dispuesta por el juez es de tres años y medio. Las investigaciones de la Digos coordinadas por la Fiscalía de Nápoles ya en noviembre de 2022 destacaron los perfiles de peligrosidad de los investigados. Radomsky, inubicable ya en la época de las medidas cautelares del juez Federica de Bellis, resultaba estar en Ucrania y en contacto con el batallón Azov, milicia comprometida en enfrentar la invasión rusa.