Como resultado de investigaciones coordinadas por la fiscalía de la República de Benevento, la guardia de finanzas de Caserta ha ejecutado hoy una orden de embargo preventivo - emitida por el juez de instrucción del tribunal sannita - de créditos fiscales derivados de los beneficios del 'bono de terremotos' y el 'superbonus 110%' por un valor total de más de 3,8 millones de euros en contra de sujetos en cuyo buzón fiscal todavía estaban presentes estos créditos.
También se ha ordenado el embargo preventivo, en forma equivalente, en contra de dos sujetos considerados responsables, en varios aspectos, de los delitos de percepción indebida de fondos públicos, así como por emisión de facturas por operaciones inexistentes. La investigación ha permitido adquirir graves indicios en relación a una serie de conductas ilícitas que habrían sido realizadas en concurrencia con otros 36 sujetos que, aprovechando los beneficios previstos por los llamados 'bono de terremotos' y 'superbonus del 110%', habrían cedido, con la opción del 'descuento en factura', créditos fiscales relativos a gastos soportados para la compra de casas antisísmicas (a realizar a través de obras de demolición y reconstrucción), por un importe total de más de 3,8 millones de euros, a través de la interposición de una cooperativa y dos sociedades de responsabilidad limitada.
En particular, primero se habrían falsificado las comunicaciones de cesión del crédito fiscal, con las cuales se habrían hecho aparecer terminados los trabajos de construcción, también gracias a la contribución ofrecida por un profesional que ha procedido a poner en las declaraciones el visto de conformidad, a considerarse como falso. Posteriormente, los créditos fiscales ficticiamente generados habrían sido cedidos en parte a las dos empresas involucradas, encargadas además de la planificación y ejecución de los trabajos de reconstrucción y demolición, que las investigaciones han constatado que en realidad nunca se llevaron a cabo.