Davide, el joven italiano de 21 años que murió electrocutado en el campo rom de Scampia, todavía no ha sido enterrado. Varias asociaciones como Chi rom e chi no, Mediterraneo antirazzista, A Buon Diritto, Arrevutammece ets y Luigi Manconi han escrito una carta de apelación al Ayuntamiento de Nápoles.
«Nacido y criado en Nápoles, fallecido el 29 de febrero, a solo 22 años, ciudadano italiano desde hace dos años, Davide Jovanovic nunca tuvo un documento, ni siquiera la ciudadanía italiana le permitía obtener la residencia, debido al bloqueo de residencias impuesto por el llamado Decreto Lupi, luego convertido en la Ley 80/2014 que en su artículo 5, párrafo 1, establece que: Quien ocupe ilegalmente una propiedad sin título no puede solicitar la residencia ni la conexión a servicios públicos en relación con la propiedad misma y los actos emitidos en violación de esta prohibición son nulos a todos los efectos legales. El Ayuntamiento de Nápoles podría haber protegido los derechos fundamentales de la persona y la dignidad humana, apelando a lo previsto en el párrafo 1-quater, que establece que «El Alcalde, en presencia de personas menores de edad o merecedoras de protección, puede dar disposiciones en derogación de lo previsto en los párrafos 1 y 1bis, para proteger las condiciones higiénico sanitarias» en primer lugar definiendo cuáles son las categorías merecedoras y luego reconociendo a las mismas el derecho de residencia y todos los derechos a esto conectados. Un precedente en este sentido viene del Alcalde de Roma, que con la Directiva n.º 1 del 4 de noviembre de 2022 en referencia al párrafo 1 quater mencionado en una perspectiva de prevención de riesgos higiénico sanitarios que podrían surgir en ausencia de residencia y la imposibilidad de obtener la conexión a los servicios esenciales, considera merecedores de protección, y por lo tanto del derecho a obtener la residencia, a los sujetos pertenecientes a las siguientes categorías:
a) Personas que forman parte de familias que son seguidas por los servicios sociales, o en condición de particular fragilidad y vulnerabilidad social como la presencia de discapacitados, hijos menores o mayores de sesenta y cinco años;
b) personas que forman parte de familias con ingresos inferiores a lo establecido por la Ley regional 12/99;
c) los solicitantes de asilo y titulares de protección internacional;
d) las personas que forman parte de familias que se encuentran en condición de precariedad habitacional desde el punto de vista de las condiciones higiénico sanitarias, como en el caso de la ausencia de conexión a los servicios públicos esenciales necesarios para asegurar el respeto de la dignidad de la persona en sus necesidades diarias. Por qué el Ayuntamiento de Nápoles no ha querido abrir a la excepción prevista por el decreto Lupi, así como algunos Municipios no reconocen la residencia de proximidad, siguen siendo preguntas sin respuesta, preguntas que cubren brechas de derecho que impiden el ejercicio de derechos fundamentales. Tener la residencia significa tener el derecho a existir, a tener un documento, al asistencia social y sanitaria, el acceso a los pocos derechos de bienestar, para cientos de personas rom, ciudadanos italianos, migrantes, que siempre han vivido en la ciudad de Nápoles, y como en el caso de Davide que nunca encontró paz ni en vida ni en muerte, en los llamados campos no autorizados de Cupa Perillo en Scampia y no solo. Quizás porque a los ojos de cierta política o del Estado vivir en un lugar ocupado, en un campo rom al fin y al cabo es como ya estar muertos. El área de Cupa Perillo en Scampia, está completamente abandonada por la administración pública que consideramos directamente responsable de hacer crecer generaciones enteras en la negligencia y en el desamparo habitacional y existencial, condenándolas a la supervivencia y no a una vida plenamente digna, con consecuencias trágicas y desastrosas, incluida la desaparición de Davide, muerto electrocutado por la corriente eléctrica, por haber estado siempre expuesto desde niño a peligros que nadie podría ni siquiera imaginar para sus propios hijos. El derecho negado a la residencia, unido a la inhumana condición en la que se encuentra el área, están decretando el vaciamiento progresivo del área y el fin de la historia de las comunidades rom de Cupa Perillo, en todos los sentidos. Un desalojo inducido en toda regla, llevado a cabo sin piedad por la frialdad de actos burocráticos y de total ausencia institucional. Hoy, con el ataúd blanco de Davide suspendido fuera del cementerio de Poggioreale que no se sabe dónde será enterrado, aprendemos que el derecho al entierro solo pertenecería a quienes tienen residencia. En espera de respuestas por parte de la administración, parece que continúa obstinadamente en la muerte como en la vida una especie de repudio, como si no fuéramos hijas e hijos de la misma tierra, del mismo mundo. Pedimos con urgencia a las administraciones públicas que llenen esta carencia de derechos, aunque para Davide es demasiado tarde, lo llevaremos en la conciencia».