Era el año 1985 cuando D.L., de 47 años, fue sometido a una transfusión de sangre en el centro traumatológico ortopédico (CTO) de Nápoles debido a una fractura de fémur. Quince años después, descubrió que estaba infectado con el virus de la hepatitis C, lo que eventualmente lo llevó a la muerte, tras terribles sufrimientos, en junio de 2015.
Para los familiares, la hepatitis C habría sido causada por una bolsa de sangre infectada. Una tesis que ahora ha sido aceptada por la sección descentralizada de Casoria del tribunal de Nápoles, que en una reciente sentencia ha condenado al Ministerio de Salud a pagar más de 171 mil euros a la esposa del hombre y a los cuatro hijos de la pareja, además de otros 195 mil euros por daño biológico terminal y daño catastrófico.
La historia que concierne a D. L., ciudadano de Mugnano di Nápoles, comienza desde que fue hospitalizado por una fractura de fémur, para la cual fue sometido a una transfusión de sangre en 1985 en el CTO, sangre que resultó - según la tesis del tribunal - infectada con el virus de la hepatitis C. En el año 2000 D.L. descubre que ha desarrollado el virus hepático, para morir a la edad de 77 años debido a complicaciones relacionadas con la cirrosis hepática.
«Los familiares - explica su abogado, Piervittorio Tione - decidieron acudir al tribunal napolitano para obtener la condena del Ministerio de Salud al pago de una compensación bajo dos aspectos: por el llamado daño “iure hereditario” (es decir, los daños físicos y morales que correspondían al sujeto transfundido y luego transferidos, por virtud de su muerte, a los herederos) y por el llamado daño “iure proprio”, es decir, daño moral (no patrimonial) que corresponde a los familiares más cercanos (cónyuge e hijos) que ven terminar de manera traumática la relación con su ser querido».
El procedimiento judicial se concluyó recientemente, cuando la sección del tribunal de Nápoles, presidida por la jueza Maria Rosaria Giugliano, reconoció la culpabilidad del Ministerio de Salud. Como explica el abogado Tione: «el caso de los herederos de D.L. es particular, ya que lograron demostrar que existió una conexión directa entre la transfusión de sangre recibida en 1985, la aparición y el diagnóstico de la hepatitis, la evolución a cirrosis y el fallecimiento; logrando condenar al Ministerio de Salud por omisión de control sobre la sangre; y haciendo que el Ministerio fuera condenado al pago de los daños (físicos y morales) que correspondían a D.L.; así como al pago de los daños por la pérdida de la relación afectiva-familiar».
Para el abogado de la familia de la víctima: «Ahora, ganado el caso, que ciertamente no devolverá a su ser querido a la familia, pero que una vez más establece la responsabilidad grave y exclusiva del Estado por las muchas muertes por sangre infectada, viene la tarea más difícil: presionar al Ministerio para pagar lo justamente obtenido ante un tribunal en tiempos relativamente cortos».